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Cada vez son más los sectores de la sociedad que se ven en la obligación de salir a la calle para luchar por aquellos derechos básicos que una vez formaron parte de nuestras vidas y que poco a poco van desapareciendo de una forma mucho más rápida de lo que tardamos en conseguirlos.
Si empezamos por la Educación, en este país va a ser imposible llegar a metas mínimas de resultados si no se sientan a dialogar tanto el Gobierno como todos los sectores que confluyen en esa parcela, tan importante y tan denostada desde hace décadas por todos los gobiernos que han pasado, sean del color que sean.
Si dejamos que el Gobierno de turno haga y deshaga a su antojo, con el poder que le otorgan las urnas, vamos mal. Es demasiado importante lo que ocurra con la Educación como para dejar que se manipule y modifique al gusto cambiante del poder político de turno.
Solo un gran acuerdo nacional de todos los partidos, y a largo plazo, puede dejar zanjado un tema que chirría desde siempre y que nos hundirá más en la crisis, si cabe, al no saber enderezar una de las “patas” fundamentales de cualquier país y que dejará sin ese derecho básico a miles de jóvenes que no podrán pagar sus estudios y que, por ende, emigrarán a otros países, tal y como ya está ocurriendo. Jóvenes que han sido formados con el dinero de todos y que no devolverán a su país ni un céntimo de lo aportado por la sociedad en su formación.
En segundo lugar está la Sanidad. Se suceden las manifestaciones en hospitales y centros de salud para evitar la pérdida de la salud pública, una de las pocas cosas que hemos podido mostrar ante otros países como ejemplo de buen funcionamiento y solidaridad social.
Por un lado, los gobiernos regionales quieren imponer una política de privatización que dará al traste con miles de puestos de trabajo y traerá un peor servicio a precios más altos. Las empresas que se dediquen a gestionar hospitales solo van a querer lo que quieren todas las empresas: ganar dinero.
No digo que no haya que tomar medidas para adecentar una sanidad en declive, pero seguramente existan otras fórmulas que permitan ahorrar gastos y eviten bajar el nivel en un sector básico en nuestro país.
En tercer lugar están los bancos… ah! los bancos. Parece que ahora llegan 39.000 millones de euros de la UE para el saneamiento de Bankia y Novagalicia, entre otros, pero con la obligación impuesta de eliminar miles de puestos de trabajo en esos mismos bancos. En realidad, no se entiende que inyecten dinero en unos bancos que han sido mal gestionados y que además han engañado a miles de personas con las famosas “preferentes”, cuyos propietarios van a perder un mínimo del 40% del dinero invertido. No existe ningún otro sector que reciba ayudas tan desorbitadas por haber hecho mal su trabajo. Otra gestión a mi entender absurda.
Quizás hubiera sido mejor nacionalizar esos bancos para así reflotarlos y obligarles a asegurar el crédito a pequeñas y medianas empresas que se han visto inmersas en una crisis creada precisamente por quienes ahora reciben las ayudas. Como siempre, el mundo al revés.
Para terminar, está el tema de la Justicia. Parece que ahora el Sr. Gallardón quiere crear una ley de tasas judiciales con la que pretende disuadir a los ciudadanos de uno de los derechos fundamentales y tan necesario como la justicia. Como siempre, solo los que tengan dinero podrán llegar hasta el final en procesos, cuando se supone que lo que tiene que haber es justicia para todos por igual.
Como cabía esperar, Las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales han convocado una reunión urgente en Madrid en la que se ha aprobado un nuevo comunicado con medidas de presión para evitar la entrada en vigor de las reformas judiciales que ha puesto en marcha el Ministro de Justicia. Por primera vez en la historia de la Democracia jueces, fiscales y abogados van a realizar paros en protesta por las dichosas reformas judiciales.
Como vemos, parece que todo está en ebullición. Cada vez más, se van añadiendo otros sectores a una olla a presión que nadie sabe por donde explotará.
Harían bien los Gobiernos, tanto el central como los autonómicos, en pararse a pensar si en realidad son necesarias tantas reformas y si éstas van en la dirección adecuada. Solo con diálogo entre las partes es posible encontrar salidas dignas por las que respirar aire fresco en un ambiente sumamente contaminado.
Y algo más: no se puede reformar a golpe de decreto. Hay muchos profesionales y otras mentes lúcidas que pueden aportar ideas que irían en beneficio de todos.
Siempre es mejor llegar a un acuerdo con todos los sectores adscritos que hacerlo solo y en contra de todos ellos.
Esta entrada fue publicada el 30-11-12
a las 16:39.
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