Más autonomía para financiación pública en I+D+i en los estados europeos

Las nuevas reglas de la Comisión Europea aumentan las posibilidades de los Estados miembros para conceder ayudas públicas a actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), contribuyendo así a aumentar el crecimiento y la competitividad de la maltrecha economía europea. Actualmente, la UE sólo dedica un 2% del PIB a I+D+i, algo lejos aún del 3% de media que se desea alcanzar de cara al 2020.

Con la nueva normativa se concede más autonomía a los Estados miembros para decidir dónde y de qué manera invertir en cuestión de investigación, permitiendo que algunas categorías no tengan la obligación de notificar previamente la ayuda a Bruselas, si no se superan determinadas cuantías, agilizando el proceso en el caso de infraestructuras de I+D o los grupos de innovación. Sin embargo, en otros casos, los porcentajes de notificación se incrementan.

Las nuevas medidas favorecerán la construcción de infraestructuras de investigación, ya que elevan la proporción del coste de un proyecto que puede ser financiado con dinero público. Así, el umbral se duplica en el caso de la investigación fundamental (de 20 millones pasa a 40 millones), de la investigación industrial (de 10 millones a 20 millones) y del desarrollo experimental (de 7,5 millones a 15 millones). El porcentaje máximo de ayuda permitida será de hasta el 70% de los costes para grandes empresas y hasta el 90% para pymes que desarrollen investigación aplicada. Quedan también exentas de control previo las ayudas para innovación a las pymes, hasta los 5 millones por proyecto. Como novedad, se incluyen el coste de prototipos, proyectos piloto y demostraciones, hasta ahora no contemplados. Por último, se simplifican los procedimientos y mejora la seguridad jurídica.

A pesar de la modernización de la normativa comunitaria para la concesión de ayudas públicas a actividades de I+D+i, se seguirá vigilando su correcta aplicación. El Ejecutivo comunitario asignará nuevos requisitos de transparencia sobre las ayudas públicas, obligando a que los países publiquen la identidad del beneficiario, la cantidad concedida, el objetivo de la subvención y sus bases legales para respaldos mayores de 500.000 euros.

El nuevo marco de financiación con dinero público del I+D+i, sin el hasta ahora completo examen de la Comisión Europea, aumenta exponencialmente las oportunidades para las empresas españolas estratégicamente innovadoras. Las que todavía no lo son de forma permanente, pueden animarse a ello, ya que la Secretaría de Estado de I+D+i acaba de anunciar la dotación de 267 millones de euros para 1.459 proyectos de investigación, que se asignarán hasta un máximo de 176,8 millones de euros para subvenciones, y hasta 90 millones de euros para la modalidad de anticipo reembolsable con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (Feder).

Fuente: Alma Consulting.