La polémica por las consecuencias que puede suponer llevar implantes mamarios de la marca PIP seguirá durante mucho tiempo por las diversas y diferentes medidas adoptadas por gobiernos y organizaciones de todo el mundo. El hecho de que no haya una línea de actuación global definida ni consensuada provoca recelos e inquietudes por parte de los pacientes, que no tienen bien claro qué camino tomar: o retirarse esas prótesis siguiendo el ejemplo de países como Francia, o mantenerlas, como defiende el ejecutivo español.

Ante tal indefensión, es de aplaudir el comunicado de hace unos días de la SECPRE (Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética) y la AECEP (Asociación Española de Cirugía Plástica), anunciando que iniciarán cuantas acciones legales sean pertinentes contra los responsables de los implantes.

La SECPRE ha constituido una Comisión de Evaluación de Responsabilidad y ha manifestado su firme compromiso de colaboración con el Ministerio de Sanidad y el resto de sociedades implicadas con el objetivo de poder proporcionar la mejor asistencia a las pacientes y ayudar a las portadoras de implantes PIP que se encuentren desantendidas. SECPRE y AECEP trabajan para ofrecer su red de cirujanos de forma individualizada a aquellas mujeres que lo precisen.

Igualmente, instan a la Administración a que considere esta situación como un problema de Salud Pública y haga el esfuerzo de poner todos los medios para minimizar la repercusión sobre las víctimas de este fraude.

Las dos organizaciones son partidarias de la retirada o sustitución de estos implantes con carácter preventivo, pero sin urgencia. Asimismo, la SECPRE ha llegado a un acuerdo con las fabricantes más importantes de implantes para que se faciliten implantes nuevos, de máxima calidad y con el mínimo coste, a las pacientes que precisen el recambio de los implantes PIP. La SECPRE y AECEP han sugerido un protocolo de actuación para las pacientes con PIP que se puede consultar en sus webs.